Sábado 14 de marzo de 2026
Siguen las novedades en torno a la reforma electoral y, si bien ayer comentábamos en este espacio que en las alianzas al son que te toque bailas, pues esta vez no fue así. La disciplina política se rompió y los partidos pequeños de la alianza del partido presidencial —el Verde y el PT— decidieron rebelarse.
Lo que parecía un trámite legislativo normal, donde la reforma pasaría sin mayor problema gracias a la mayoría que mantiene la alianza oficialista en la Cámara de Diputados, simplemente no ocurrió.
La propuesta del Ejecutivo registró 259 votos a favor —con casi todos los sufragios de Morena y una parte del Partido Verde— contra 234 en contra, provenientes del PT, el resto del PVEM, así como del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Sin duda, el resultado provocó euforia en la oposición cuando se anunció el marcador final, pero aún más cuando se confirmó que fueron precisamente los aliados del oficialismo quienes terminaron inclinando la balanza.
Desde luego, el resultado no cayó nada bien en Palacio. De inmediato salió el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro a respaldar la iniciativa, anunciando que recorrerán distrito por distrito para explicar la reforma y evitar que vuelva a ser rechazada.
Por su parte, desde el Ejecutivo se anunció la activación del llamado Plan “B”. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo será acabar con los privilegios en congresos locales y ayuntamientos, impulsando la austeridad republicana y fortaleciendo la participación ciudadana.
Pero, ¿qué contempla ese Plan “B”? Entre las propuestas se encuentra poner un tope a los presupuestos de los congresos locales, someter a consultas populares el financiamiento electoral y de los partidos políticos, además de reducir el número de regidurías en los municipios.
Y es precisamente aquí donde la marrana torció el rabo. Porque tocar las regidurías y los presupuestos locales implica afectar directamente a las estructuras políticas regionales, lo que explica por qué algunos aliados decidieron marcar distancia. En política, nada es casualidad.
En otro frente, la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán comienza a tener repercusiones económicas, particularmente en el precio del petróleo, que ya registra una tendencia al alza.
Para México, esto representa una espada de doble filo. Por un lado, el incremento del crudo —que ya supera los cien dólares por barril, algo que no se veía desde hace más de dos décadas— genera mayores ingresos para el país.
Pero, por otro lado, también puede provocar presiones en el precio de los combustibles a nivel interno.
Prueba de ello es el reciente acuerdo entre el Gobierno Federal y los gasolineros para evitar incrementos en el precio de la gasolina. Sin embargo, ese acuerdo no contempló el diésel, que ya registra aumentos de más de un peso en algunas regiones.
Y es precisamente ahí donde el golpe pega con más fuerza: en el sector agrícola. Los productores dependen directamente del diésel para sus actividades, y el incremento en este combustible complica aún más un panorama que de por sí ya era difícil.
La situación se refleja con claridad en el norte de Tamaulipas y particularmente en San Fernando, donde más de noventa mil hectáreas se quedaron sin sembrar.
Así las cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la vara muy alta. No sería extraño que, de continuar esta tendencia, surjan inconformidades entre agricultores y transportistas a nivel nacional.
Sobre todo cuando el calendario político también empieza a pesar, pues el próximo año será electoral.
Pero como siempre, querido lector, usted tiene la última palabra.
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