Lunes 16 de agosto de 2021
PALACIO
Por Mario Díaz
Basta de burlas constitucionales
-El artículo 111 de la Constitución otorga patente de
corso
-Los Congresos Locales al servicio del titular del
Ejecutivo
POR el bien de México y los mexicanos sería conveniente que los 500 diputados y senadores que integrarán la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión analizaran detenidamente los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para evitar ambigüedades o distintas interpretaciones.
Además, ese eventual trabajo legislativo permitiría definir de una vez por todas el significado y alcances legales de la soberanía estatal y el pacto federalista. Actualmente, la Carta Magna y las Constituciones Locales han entrado en conflicto como consecuencia de redacciones no del todo específicas o bien que se prestan a enfoques distintos.
La Cuarta Transformación del sexenio lopezobradorista con sus reformas y programas sociales sería el parteaguas para adecuar la Constitución mexicana y que sea acorde a los tiempos actuales. Cierto es que en múltiples ocasiones ha sido objeto de remiendos y adecuaciones afines al gobierno federal en turno, como igual sucede con las constituciones de los estados libres y soberanos.
Los juicios de procedencia de la Cámara de Diputados para desaforar a los legisladores SAÚL BENJAMIÍN HUERTA CORONA y MAURICIO ANTONIO TOLEDO MARTÍNEZ, así como la inmunidad procesal que goza el fiscal general del estado de Morelos URIEL CARMONA, son casos que, desde cierta óptica, podrían evidenciar fallas o lagunas legislativas.
La controversia constitucional provocada por el desafuero del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA por parte de la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia y la no homologación por el Congreso Local, es otro ejemplo claro de la necesidad de un análisis concienzudo del articulado de nuestra Carta Magna por parte de diputados y senadores de la LXV Legislatura.
En especial, el artículo 111 Constitucional debería ser sometido al escrutinio para precisar y fortalecer el pacto federal que da paso a la conformación de la República. Resulta ilógico e incongruente que invocando la “soberanía estatal” una entidad federativa se convierta en una especie de “republiquita”.
Anteponiendo intereses políticos, generalmente, los gobernadores se cobijan con el argumento de que los estados son libres y soberanos, pero, a la vez, cuando así conviene, invocan al pacto federal en temas presupuestarios o de seguridad pública, por citar tan solo un par de ejemplos. Es decir, cuando conviene, pertenecen al pacto federal y, en caso contrario, se “amogotan” en la soberanía estatal.
Así como cada entidad federativa tiene su propia constitución local, del mismo modo el pacto federal de los 32 estados se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, ninguna constitución local debe estar por encima de la Carta Magna.
Así como los legisladores federales-que bien o mal son representantes populares-pueden ser sometidos a juicio de procedencia para despojarlos de su inmunidad procesal por la comisión de delitos, el mismo trato deberían recibir mandatarios estatales o titulares de organismos autónomos.
Sobre esto último, URIEL CARMONA, fiscal general del estado de Morelos que heredó el exgobernador GRACO RAMÍREZ al actual mandatario CUAUHTÉMOC BLANCO, es acusado de no haber aprobado el examen de confianza, pero no se le puede procesar por el fuero inherente a su cargo.
El fuero o inmunidad procesal no debe eximir a ningún funcionario o representante popular de la acción de la justicia, obviamente, siempre y cuando existan elementos probatorios para vincularlos a proceso y posterior sentencia.
Sería de mayor beneficio que, al menos, los inculpados que gocen del fuero constitucional enfrenten en libertad el proceso y se les retire una vez que un juez de control emita una sentencia acusatoria. De otro modo, esa garantía constitucional prácticamente se convierte en patente de corso para que el acusado haga y deshaga durante el período para el que fue electo.
Asimismo, debe regularse esa práctica indebida en los congresos locales que se prestan para sacar adelante iniciativas a conveniencia del Ejecutivo. En Morelos, el anterior gobernador ordenó la autonomía del fiscal estatal como una manera de protegerse ante eventuales acusaciones luego de su relevo; en Tamaulipas, el Congreso local decretó que el fuero constitucional del mandatario GARCÍA CABEZA DE VACA no podría ser retirado por la próxima legislatura de mayoría morenista, ni aun homologando la decisión del juicio de procedencia de la Cámara de Diputados; en Durango, el actual congreso guinda que ya no será mayoría en la próxima legislatura maniobró para mantener el control de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.
Los ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expertos en derecho constitucional, serían los auxiliares necesarios para los abogados de ambas cámaras del Congreso de la Unión para terminar de una vez por todas con las prácticas inconstitucionales y que no se utilice la Constitución Mexicana o la Constitución Local como ariete o escudo de protección, según el caso.
DESDE EL BALCÓN:
I.- ¡Dios los agarre
confesados! Una asociación civil en ciernes que agrupa en su mayoría a
reporteros policiacos de H. Matamoros, Tamaulipas se prepara para ingresar a
esa entelequia (cosa, persona o situación perfecta e ideal que solo existe en
la imaginación) denominada Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos
(Fapermex), ahora convertida en un simple “Club de amigos de…..”. La cruda
realidad es que los “dueños” de esa “federación” pretenden revivir una estación
de radio de propiedad familiar con severas fallas de señal y, por ende, nula
audiencia.
Con las clásicas baratijas
y espejitos que representan “82 asociaciones afiliadas de todo el país”, “el
colegio nacional de licenciados en periodismo”, “cursos de maestría y próximo
doctorado”, “democracia y renovación generacional”, “transparencia” etc., etc.,
los “representantes”, no los directivos, prometieron que se les daría de alta
en el próximo “congreso” a celebrarse en el mes de diciembre.
Indiscutible buena
estrategia de marketing en entendible intento por revivir un fracaso
empresarial, pero, a la vez, una actitud inmoral que exhibe a plenitud el
verdadero objetivo de quienes manejan esa entelequia llamada “federación”.
Por cierto, uno de los
“representantes” presentes recientemente intentó extorsionar al gerente de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de la ciudad de Río Bravo,
Tamaulipas exigiendo un contrato de publicidad para su portal informativo
utilizando el logotipo de la “federación” como “punta de lanza”.
También estará por verse
si es realidad o ficción una potencia de 50 mil watts.
Ya lo veremos.
Mientras tanto, suerte a
los compañeros y a los nuevos empresarios, aunque, eso sí, nadie experimenta en
cabeza ajena
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
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