Primera “raspada” al Plan B de AMLO

 Viernes 24 de febrero de 2023

PALACIO        

Por Mario Díaz

 

       Primera “raspada” al Plan B de AMLO

-Ministro suspende la entrada en vigor de reforma a la Ley de Comunicación Social

-Municipios del estado de México y Coahuila no gastarán solo el 0.1% en difusión

-La “vida eterna” fue rechazada y pone en riesgo a los partidos minoritarios

H. Matamoros, Tam.-Con la aprobación en el Senado de la República de las reformas a cuatro leyes secundarias que contempla el Plan B del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el bloque opositor a la Cuarta Transformación impugnará el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Salvo el rechazo a la cláusula de “vida eterna” para los partidos políticos minoritarios, con el mayoriteo morenista y aliados en la Cámara Alta del Congreso de la Unión se aprobaron reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Ley de Medios de Impugnación y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Anteriormente, diputados y senadores aprobaron reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, estas últimas promulgadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre del año pasado.

Concluido el trabajo legislativo en el Senado y ante su presunta inconstitucionalidad o controversia, las reformas serán impugnadas y tocará al máximo tribunal en el país determinar lo conducente.

De entrada, la SCJN ha dado trámite a 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el Plan B de la reforma electoral, turnando al ministro ALBERTO PÉREZ DAYÁN para su análisis siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias constitucionales.

Las inconformidades están asociadas a las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas y fueron promovidas por diputados, senadores, alcaldes y los partidos PAN, PRI, PRD, MC y en Instituto Nacional Electoral (INE).

En una primera acción, el ministro PÉREZ DAYÁN resolvió suspender la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social que limita el gasto en difusión al 0.1% del presupuesto anual de las alcaldías en el país para que no se apliquen en el Estado de México y Coahuila, entidades federativas en donde se celebrarán elecciones este año.

Al considerar que la reforma a la Ley General de Comunicación Social atenta la autonomía hacendaria contemplada en el artículo 115 Constitucional Fracción IV, presidentes municipales de los estados de Sonora, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Querétaro, Yucatán, Campeche, Michoacán y Durango, decidieron promover la controversia constitucional.

Los ediles rechazan rotundamente la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que los obliga a limitar el gasto de publicidad y difusión a solo el 0.1% del presupuesto anual.

Recapitulando, cabe señalar que la iniciativa presidencial de reforma electoral y política no alcanzó la mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados por lo que fue rechazada el 6 de diciembre de 2022.

Entre lo más relevante la reforma contemplaba en lo electoral reducir de 11 a 7 consejeros del Instituto Nacional Electoral, cambiar el INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), eliminar los 32 tribunales electorales estatales y que consejeros y magistrados electorales surgieran de procesos eleccionarios.

En lo político, el presidente LÓPEZ OBRADOR proponía reducir a 200 legisladores en la Cámara de Diputados y 32 en la de Senadores, que los integrantes del Congreso de la Unión fueran designados por la vía de representación proporcional y, además, proporcionar financiamiento público a los partidos políticos solamente en los años electorales.

La respuesta a los 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, resultado que no fue suficiente para la reforma constitucional, dio paso al Plan B del huésped de Palacio Nacional.

Entre otros planteamientos relevantes contempla la reducción de la estructura administrativa del INE, la reducción de los salarios de los consejeros electorales, cambios en los procesos de organización electoral y unificar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección del día de los comicios.

También, eliminar la Junta General Ejecutiva del INE y ajustar los cambios de estructura al presupuesto ya aprobado, la absorción por la Sala Superior de dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), permitir a los partidos políticos el uso de remanentes de sus recursos públicos y, además, permitir que los partidos coaligados se puedan distribuir votos para garantizar el 3% de sufragios requeridos para mantener su registro, lo que equivale a la “cláusula de la vida eterna”.

Este último planteamiento (“cláusula de la vida eterna”) fue desechado al ponerse a votación en el Senado de la República.

Tocará a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar los dos bloques de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales derivadas del Plan B del Ejecutivo federal.

 

DESDE EL BALCÓN:

I.-En términos coloquiales, mientras son peras o son manzanas, el ministro ALBERTO PÉREZ DAYÁN suspendió la entrada en vigor de la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social en el Estado de México y Coahuila.

La decisión del togado, al margen del proceso electoral en ambas entidades federativas, deja entrever que no sería extraño que en su dictamen invoque el artículo 115 constitucional que garantiza la hacienda pública de los municipios.

Por lo pronto, la moneda sigue en el aire.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx