-No basta con buenas intenciones
-Liberación, fuga y boda
-Se abre la puerta a la duda razonable
CON todo y la buena
intención del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su combate a la
corrupción, se han registrado varios hechos que hacen dudar de la eficacia de
ese necesario y urgente programa de trabajo.
En efecto, tras largos
años de proselitismo y ahora con la banda presidencial no existe testimonio o
prueba alguna que ponga tan siquiera en tela de duda la honestidad del
mandatario nacional.
Por lo tanto, no es de
dudarse que, al menos hasta ahora, el jefe de la Nación y su gabinete ejerzan
su función pública bajo el lema de “no robar, no mentir, no traicionar”.
Sin embargo, la honestidad
del Jefe del Ejecutivo Federal no implica que servidores públicos de los tres
niveles de gobierno se conduzcan paralelamente y atiendan a pie de la letra la
recomendación presidencial.
LÓPEZ OBRADOR ha mantenido
el discurso del combate a la corrupción, al grado de afirmar que ese flagelo ya
no existe en el gobierno de la Cuarta Transformación.
No obstante, querientes y
malquerientes se preguntan por qué razón los corruptos gozan de plena libertad,
salvo la exsecretaria de Desarrollo Social en el pasado sexenio, ROSARIO ROBLES
BERLANGA.
A pesar de la corrupción
en los sindicatos, en el cancelado aeropuerto de Texcoco, en la evasión fiscal,
en la procuración de justicia o bien en el sistema nacional de salud, la 4T no
ha vinculado a proceso a ningún presunto responsable.
La inquietud o duda
razonable se incrementa con hechos concretos que, quiérase o no, empañan la
cruzada anticorrupción del actual régimen lopezobradorista.
La liberación del
narcotraficante OVIDIO GUZMÁN en Culiacán, Sinaloa; la fuga de tres reos
federales del Reclusorio Sur de la ciudad de México, ligados al Cártel de
Sinaloa; y la suntuosa boda de una hija del JOAQUÍN GUZMÁN LOERA en la catedral
de Culiacán, con área acordonada, a plena luz del día y con resguardo de
civiles armados.
Al margen del
“culiacanazo” y del enlace matrimonial, lo cierto es que el carceleros, jueces
y policías no son ajenos a los hechos y, en consecuencia, hacen dudar de la
efectividad del combate a la corrupción del tlatoani azteca.
El sistema de justicia penal
y el sistema penitenciario, con base en los hechos ante descritos, no van
acordes a la política del gobierno federal emanado de la segunda transición
política en el país.
Coincidencia o no, la
realidad es que la liberación de OVIDIO, la fuga de los operadores del narco
sinaloense y la boda en catedral, abren de par en par la puerta del
sospechosismo.
Resulta inadmisible tan
solo pensar que los sistemas de inteligencia de los gobiernos federal y estatal
no se hayan enterado a tiempo de la movilización delictiva en pleno centro de
Culiacán, Sinaloa.
Ahora que, si sabían, pero
prefirieron evitar un enfrentamiento y probable masacre, similar a lo ocurrido
durante la detención y liberación de OVIDIO GUZMÁN, eso es simple y
sencillamente otro cantar.
Respecto a la fuga en el
penal de mediana seguridad capitalino, no es suficiente que el gobierno federal
actúe solo en contra de custodios y funcionarios carcelarios.
El brazo de la justicia
también debe alcanzar al juez federal que ordenó que los reos fugados fueran
excarcelados de un penal de máxima seguridad e internados en el Reclusorio Sur
de la ciudad de México, que no ofrece las medidas de resguardo para ese tipo de
procesados.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
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